Entre finales del siglo XVI y principios del XVII el alemán Johannes Kepler escribió tres obras que ayudaron a superar el modelo del universo que presuponía una estructura de esferas celestes que ninguna deidad sensata hubiera firmado pero sí un escenógrafo. Kepler sustituyó esa figura por trayectorias que llamó órbitas. Tres siglos después, el también alemán Albert Einstein vivió, estudió y trabajó en Suiza durante muchos años. Obtuvo la ciudadanía suiza en 1901 y publicó en 1905 sus revolucionarios artículos científicos, incluida la Teoría de la Relatividad Especial, mientras trabajaba en la Oficina de Patentes de Berna. Si la relatividad es otra forma de decir neutralidad, la órbita de influencia suiza también es legible en sus esferas sociales y económicas. Hong Kong acaba de superar a Suiza como “el principal epicentro mundial de patrimonio transfronterizo”, y apenas ha transcurrido un mes desde que los habitantes del país helvético votarán -no por mucho margen- en contra de limitar su población a 10 millones de personas hasta 2050. Actualmente son 9,1 y casi un 20% de ellos han llegado en los últimos 24 años. Una de las huellas más visibles del flujo migratorio es paisajística: en algunos lugares la construcción en altura crece paralela a las vías del tren. El porcentaje de extranjeros igualará o superará a la de ciudadanos suizos de aquí a mitad de siglo. La ultraderecha suiza aglutina hoy casi uno de cada tres votos, un porcentaje que dudosamente irá a menos a medida que los miedos habitualmente pregonados -el abuso, incluso quiebra, del sistema de Seguridad Social, la delincuencia, la ausencia de control en la calidad de los llegados, la destrucción del ecosistema de prioridades locales- calen en la mente de su población a medida que la visibilidad de los extranjeros lo hace también. Tampoco las causas objetivas de desazón -mayor demanda de vivienda y precios al alza, atascos y servicios saturados, le mengua de espacios verdes.
Suiza no pertenece a la Unión Europea aunque goza de acceso al mercado único, al que envía la mitad de sus exportaciones anuales. Y como sucede en casi todas partes, depende de la mano de obra extranjera en sectores como la gastronomía o la sanidad en un país cada vez más envejecido. Lo era ya hace setenta años. Quienes se oponían a la contaminación racial del país eran, como el suizo James Schwarzenbach, intolerantes que habían llegado al fascismo a través del anticomunismo. El catolicismo integrista de éste halló en el franquismo un grial ideológico que su propio país no compartía. Escribió a favor del nuevo régimen llegado violentamente a nuestro país y negó que Franco fuera un dictador. Llamó a la formación de una Internacional católica y consideró que el laicismo, y en general toda forma de inteligencia crítica, había envenenado el continente inculcando nociones degeneradas y burguesas. Escribe Moisés Prieto López que éste añoraba el Antiguo Régimen, “una jerarquía establecida divinamente, de la sociedad estamental y de un orden social desarrollado dentro de la fe católica”. Schwarzenbach llegó a ocupar el único escaño que obtuvo en 1967 la extrema derecha suiza. Durante los siguientes tres años trató de sacar adelante una iniciativa popular que proponía reducir el porcentaje de extranjeros a un 10 por 100 en cada cantón a excepción de Ginebra, donde se permitiría un 25 por 100. También propugnaba impedir el despido de trabajadores suizos mientras trabajasen extranjeros en el mismo establecimiento. Gran parte de la población votó y fue rechazada.
Hacerse preguntas a tiempo parece una tradición local: el mismo día que el referéndum sobre el cupo de población era votado también lo hacía la posibilidad de elegir un servicio civil que reemplace al militar. En Berna sobre si solicitar un crédito para renovar un museo. Y en Zurich para frenar el coste de la vivienda. Para llegar a ese punto hace falta recoger al menos 100.000 firmas de apoyo aunque eso no garantiza que el parlamento apruebe su votación. Escribe Sara Velert en El País que desde 1893 se han puesto en marcha 551 iniciativas populares, de las que se han llegado a votar 241. Menos de una de cada diez han sido aprobadas. “Entre ellas, la primera a finales del siglo XIX, en la que los suizos apoyaron con un 60,1% que no se pudiera sacrificar animales en el matadero sin sedarlos antes. En esa lista corta están también una moratoria a la construcción de centrales nucleares en 1990; la que exigió una producción agrícola libre de transgénicos (2005); la prohibición de construir minaretes en Suiza en 2009; o la que apoyó en 2024 una paga extra para los pensionistas”. En una de cada dos propuestas, el Parlamento acabó creando una ley o cambiando una existente. “Pensado en su origen como una vía para que ideas o grupos minoritarios pudieran tener voz, el sistema afronta periódicamente críticas por la gran cantidad de votaciones en marcha, los recursos administrativos que consumen y el coste las campañas, o por el uso que hacen de ellas los partidos para ejercer presión política, como ocurre con la iniciativa del próximo domingo”. Además de las múltiples demandas que parten de la población, en los registros figuran más de “referéndums nacionales facultativos contra leyes aprobadas y también consultas obligatorias, estas en caso de acuerdos de Estado como los firmados con la UE. Partidos de ultraderecha como AfD en Alemania o el Partido de la Libertad en Austria reclaman la introducción de un sistema como el suizo en sus países, tal vez con la esperanza de lograr más poder por esa vía. También partidos de izquierda, como La Francia Insumisa, piden ahondar en la capacidad de reclamar referéndums. “En realidad, nadie tiene garantías tal y como está organizada la democracia directa en Suiza, que no pertenece a nadie. No es una herramienta al servicio de una fuerza política concreta. A veces se sale con la suya la izquierda con una reivindicación, otras veces la derecha, y muy a menudo fracasan ambas”, concluye un politólogo.